Los crímenes internacionales del Siglo XX han erigido episodios atroces e indeseables donde millones de personas perdieron su vida en manos de programas sanguinarios que bajo diversos propósitos, se ejecutaron indiscriminadamente. Ruanda es un país donde, en 1994, en tan solo 3 meses aproximadamente 800000 personas fueron asesinadas. En este contexto, la presente obra tiene como propósito brindar argumentos inherentes a demostrar que el proceso penal internacional celebrado para enjuiciar a los presuntos responsables del Genocidio Ruandés, justificado con base en el derecho consuetudinario internacional -fuente del sistema penal internacional que habilitó la creación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda-, contiene una debilidad jurídica que, bajo el parangón con el principio de legalidad internacional resulta inadmisible y, por consiguiente, presenta un vicio legal insalvable. La contrastación propuesta brindará como conclusión no solo que dicho tribunal internacional fue violatorio del principio de legalidad internacional, sino que nos encontramos en un escenario proclive a propiciar nuevos episodios que demuestren decisiones de política criminal internacional problemáticas y violatorias de las garantías penales que contienen diversos instrumentos internacionales que versan sobre los Derechos Humanos.